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Así evaluó la justicia profesional la prueba del ADN en el doble crimen de Almonte (I)

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Momento del juicio en el que se enseñan a Marianela Olmedo, esposa y madre de las víctimas del doble crimen de Almonte, una de las toallas en las que se detectó ADN del por entonces acusado.

Con el objetivo de aclarar que el ADN del sospechoso se encontró en la escena del doble crimen porque lo dejó allí cuando cometió el delito; y de descartar cualquier otra posibilidad, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado remitió al Instituto Nacional de Toxicología un mandamiento por el que solicitaba aclaraciones sobre el hallazgo a los científicos implicados en el estudio.

De modo textual, su señoría quería saber “si la transferencia de restos biológicos a las evidencias (toallas) ha podido producirse por interacción de una tercera persona que pudiera ser portadora de esos restos biológicos o si, por el contrario, debe haberse producido por una transferencia directa del donante (…); y si la calidad y cantidad de ADN hallado resulta compatible con la posibilidad de que hubiesen sido lavadas con posterioridad a la transferencia de tales restos biológicos (…)”.

Además, “interesa que se aclare, tomando como referencia la fecha de hallazgo en dichas evidencias del perfil genético de Francisco Javier Medina Rodríguez, si se habría obtenido la misma calidad y cantidad en caso de haberse transferido con un año o más de antelación al 27 de abril de 2013”. Por último, la jueza Virginia Sesma Mauleón pidió a los expertos que detallasen “si la cantidad y calidad de ADN hallado era la misma en relación con los cuatro perfiles identificados”.

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Así encontraros los agentes de la UCO el pasillo del domicilio en el que se cometió el doble crimen de Almonte.

Al requerimiento de la jueza, fechado el 16 de junio de 2014, respondieron los expertos del Instituto Nacional de Toxicología unos días más tarde, el 23 de junio. Según las explicaciones ofrecidas, “el ADN puede estar en la superficie de una muestra por transferencia directa o indirecta. Las transferencias directas o primarias indican un contacto con la muestra, pero también incluyen actividades realizadas en sus proximidades que podrían dar lugar a la transmisión de ADN; por ejemplo, estornudar”.

Sobre las transferencias indirectas o secundarias alegaron que “no se producen por un contacto directo con la muestra, sino a través de una segunda persona (…) y pueden ser de persona a persona y a objeto; de persona a objeto y a persona; y de persona a objeto y a objeto”.

En el caso concreto de las evidencias halladas en el escenario del doble crimen de Almonte, los genetistas explicaron que “a partir de ocho zonas distintas analizadas en tres toallas diferentes (…), encontramos un perfil genético mezcla reproducible y repetitivo”; y destacaron que “en cuatro de las ocho muestras analizadas, la cantidad de ADN del padre y de Francisco Javier Medina Rodríguez es similar”.

Textualmente, concluyeron que “la valoración de nuestros hallazgos, obtenidos de forma repetitiva y reproducible, indica que los restos celulares detectados no proceden de una transferencia puntual o de un hallazgo casual”. Con el fin de aclarar todas las dudas planteadas por su señoría, indicaron que “cuando el lavado es mecánico, con uso de lejía y tiempos largos, y sobre todo si se han realizado diversos lavados desde que se produce la transferencia hasta que se recupera el ADN, la posibilidad de detectar restos es mucho menor”.

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Miguel Ángel Domínguez posa junto a su hija María. Ambos fueron asesinados en su casa de Almonte el 27 de abril de 2013.

En consecuencia, determinaron que en el caso objeto de estudio, “la posibilidad de que las muestras hayan sido lavadas con posterioridad a dicha transferencia parece poco probable, debido a que como resultado de nuestros análisis obtenemos perfiles genéticos repetitivos y reproducibles”.

El auto del 28 de junio de 2014, por el que se acordó la prisión provisional del detenido por la UCO como presunto autor del doble crimen, reproducía las mencionadas respuestas de los científicos, a tenor de las cuales expresaba la jueza sus conclusiones: “Carece de toda explicación el haberse encontrado en hasta tres toallas ubicadas en dos baños diferentes (evidencias 111, 112 y 125) restos celulares de una persona que, según sus propias manifestaciones y las de Marianela, no subía al domicilio desde hacía más de tres años (…).

En definitiva, de tales respuestas (las de los expertos de Instituto Nacional de Toxicología al mandamiento judicial antes citado) se desprende que habría que descartar una transferencia indirecta o secundaria, así como una contribución de una antigüedad superior a un año en toallas que hayan sido lavadas, por lo que la conclusión ha de ser necesariamente que dichos restos se hayan dejado por contacto directo con las toallas, y en fechas no muy alejadas en el tiempo a los hechos que aquí se investigan”.

Se trata de conclusiones esgrimidas por una jueza profesional, y avaladas por un prestigioso organismo científico independiente, de carácter estatal y sin ningún interés en la causa: el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. No estamos ante las especulaciones de un jurado popular carente, no solo de formación jurídica, sino de una mínima preparación académica. De los ocho miembros del Tribunal popular que votaron a favor de la absolución del acusado, solo uno tenía estudios superiores (empresariales). El resto ni siquiera había completado la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). La fiabilidad no es digna de comparación.

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