Jurado Popular

El jurado en el crimen de Almonte (por Patricia Catalina, letrada delegada en Andalucía de la Asociación Clara Campoamor)

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Miguel Ángel Domínguez posa junto a su hija María. Ambos fueron asesinados en su casa de Almonte el 27 de abril de 2013.

La institución del tribunal popular en España está incluida en nuestro ordenamiento desde la aprobación de la Ley del Jurado en 1995, recogida en el artículo 125 de la Constitución. Desde la Asociación Clara Campoamor, a la que tengo el honor de representar en Andalucía, siempre hemos apoyado esta institución porque permite la participación en la administración de justicia a los ciudadanos. Es sano que así sea en una sociedad democrática.

A la hora de seleccionar a los miembros del jurado, ciudadanos de a pie sin antecedentes por delitos dolosos y a los que solo se les exige saber leer y escribir, deben concurrir circunstancias suficientes en los candidatos. Se procede entonces a un sorteo sucesivo para seleccionar a los nueve jurados titulares y a los dos suplentes que conformarán el tribunal juzgador. En este proceso hasta llegar al jurado definitivo las acusaciones y la defensa pueden recusar a aquellas personas que no sean favorables a sus intereses.

El papel del magistrado es el de dirigir la vista oral, proporcionar al jurado el objeto del veredicto y redactar la sentencia con el fallo emitido por el jurado en cuestión.

La lotería está en el nivel formativo de los miembros del tribunal. En el caso del doble crimen de Almonte, un juicio muy técnico y plagado de pruebas criminalísticas y científicas de toda índole, solo dos de los once miembros del jurado tenía formación superior a la ESO.

Hay que dejar claro que los seleccionados, todos de la provincia y Huelva y que en ningún momento permanecieron aislados, presentaron un juramento para poder deliberar y presentar un veredicto, absolutorio en este caso.

Pero la pregunta es: ¿Tenían esos ciudadanos los conocimientos mínimos para abordar un caso de estas características? ¿Sabían qué es el ADN? ¿Entendieron las diferencias entre un informe imparcial como el del prestigioso Instituto Nacional de Toxicología y el de parte de la defensa? 

Yo, como abogada penalista, he necesitado años de carrera, preparación y experiencia para entenderlo todo como las víctimas y los justiciables se merecen. Y todavía he de seguir estudiando para mantener al día esos conocimientos y ampliarlos de forma constante.

También me cuestiono si los miembros del jurado comprendieron que la declaración de una testigo, con amistad manifiesta del entonces procesado, no puede ir en detrimento de una prueba como el ADN del ahora absuelto localizado en la escena del crimen, máxime cuando la emitió el mismísimo Instituto Nacional de toxicología (no un informe de parte), lo que la hace suficiente para enervar la presunción de inocencia de cualquier acusado.

Si a esta notoria amistad íntima le añadimos la enemistad manifiesta de dicho testigo por la madre de la niña asesinada en Almonte (por motivos de sobra conocidos), mi duda aumenta.

Los jurados, en el ejercicio de sus funciones, deben actuar de acuerdo a los principios de independencia, responsabilidad y sumisión a la ley, referidos en el artículo 117 de la Constitución Española para los miembros del poder judicial. La pregunta al respecto es obvia: ¿Han acatado la Constitución siendo independientes, responsables y sometidos a la ley? No seré yo quien conteste a esto.